Santiago Abascal asegura que llegará el momento en que la mayoría de los gay españoles votará por Vox. Al mismo tiempo, cuestiona determinadas expresiones del Orgullo en el espacio público y sostiene que las uniones entre personas del mismo sexo no deberían llamarse matrimonio. Su discurso plantea una tensión: ofrecer protección a una población mientras se discuten las condiciones de su visibilidad y reconocimiento.

La orientación sexual no determina una ideología. Nadie tiene obligación de votar por partidos progresistas por ser homosexual, lesbiana, bisexual, queer o trans. Precisamente por eso importa examinar las políticas concretas, en lugar de dar por sentado que una persona o un partido defenderá derechos porque asegura conocer, aceptar o proteger a quienes pueden verlos restringidos.

Abascal invoca a las familias y a la infancia para cuestionar determinadas expresiones del Orgullo. Sin embargo, todas las familias son únicas y, precisamente por ello, diversas. Ninguna estructura familiar agota las posibilidades humanas de construir vínculos, afectos, cuidados y convivencia. Presentar la visibilidad de ciertas orientaciones sexuales o expresiones de género como una amenaza para menores establece una jerarquía moral: algunas existencias ocupan las calles sin justificarse, mientras otras deben demostrar que no incomodan.

La discusión tampoco puede reducirse a la homosexualidad. Las personas intersexuales, cuyas características sexuales corporales no siempre encajan en las clasificaciones binarias convencionales, afrontan vulneraciones específicas, incluidas intervenciones médicas innecesarias sin consentimiento personal informado. Las personas trans, no binarias y quienes expresan su género fuera de las expectativas dominantes pueden encontrar obstáculos para el reconocimiento jurídico y la autonomía corporal. Son experiencias diferentes, pero revelan la importancia de no convertir un único modelo de cuerpo, sexo o género en norma obligatoria.

No todas las derechas comparten las mismas posiciones. Existen corrientes conservadoras comprometidas con el pluralismo constitucional. La preocupación aparece cuando proyectos políticos utilizan la protección de la infancia, la tradición o la identidad nacional para justificar restricciones desproporcionadas de derechos y para intervenir en los relatos culturales.

Hungría ofrece un ejemplo documentado. Una ley aprobada en 2021 restringió contenidos relacionados con la homosexualidad y las identidades de género, invocando la protección de menores. En abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esas restricciones vulneraban el derecho europeo, incluidos derechos fundamentales y valores de la Unión. La controversia alcanzó la educación, los medios audiovisuales y la libertad de expresión.

En Estados Unidos, Donald Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva para reorientar instituciones culturales, incluido el Smithsonian, y combatir lo que su administración denominó ideología divisiva. El debate excede las exposiciones particulares: concierne a la autonomía de los museos y a quién decide cómo narrar el racismo, el género y la historia nacional.

En Brasil, Jair Bolsonaro eliminó en 2019 el Ministerio de Cultura como cartera independiente. Esa reorganización no equivale automáticamente a censura, pero muestra que las prioridades gubernamentales pueden alterar las condiciones institucionales de producción cultural. En Argentina, el gobierno de Javier Milei impulsó restricciones a determinados tratamientos de afirmación de género para menores, reabriendo controversias sobre evidencia clínica, autonomía y protección de derechos.

Los contextos no son idénticos. Su comparación permite observar, sin embargo, cómo decisiones sobre sexualidad, educación, patrimonio y cultura pueden converger en disputas por la legitimidad de determinadas experiencias humanas. Las consecuencias potenciales alcanzan también a mujeres, migrantes, comunidades racializadas, artistas, docentes y víctimas de violencias históricas.

La disputa por la memoria tampoco conoce fronteras. En Colombia, las controversias sobre el retiro de obras y archivos del Museo Nacional muestran que las instituciones culturales pueden convertirse en escenarios de confrontación política. Cuando se modifica una exposición o se retira una representación, hacen falta razones curatoriales transparentes, capaces de distinguir una decisión profesional de una preferencia ideológica.

España tiene razones históricas para atender esta discusión. El franquismo persiguió las disidencias sexuales y políticas, ejerció censura y condicionó la expresión artística. La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 permitió perseguir legalmente a las personas homosexuales, consideradas socialmente peligrosas. Recordar esa historia no significa equiparar automáticamente a los partidos actuales con la dictadura. Significa reconocer que las libertades conquistadas requieren instituciones capaces de proteger el desacuerdo.

Por eso, las palabras de Abascal sobre el Orgullo y el matrimonio entre personas del mismo sexo invitan a una discusión que supera cualquier celebración particular. Lo decisivo no es si todas las personas comparten sus símbolos o sus formas de manifestarse, sino si el Estado garantiza igual libertad para expresarse y participar. Una democracia se empobrece cuando el poder pretende decidir qué cuerpos pueden ocupar las calles, qué historias merecen contarse y qué memorias tienen derecho a permanecer.